La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la caja B de Podemos. El tribunal ha estimado los recursos interpuestos contra la decisión del juez instructor de no seguir indagando en la posible comisión de un delito de administración desleal con la llamada Caja de Solidaridad de la formación.

“Lo cierto es que una vez practicadas las gestiones acordadas, su resultado ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito”, afirman los magistrados, que ordenan al juez “la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos”. La Fiscalía de Madrid se había opuesto a la reapertura.

El episodio investigado se recogía en la denuncia del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, que relataba el destino incierto de 50.000 euros que la asociación afín a Podemos #404 Comunicación Popular había solicitado de la Caja de Solidaridad. Según el abogado, los fondos podrían haber ido a parar a alguna persona concreta y no a los fines para los que estaba prevista la Caja. Y apuntaba a la responsabilidad en el asunto del diputado y portavoz de Podemos Rafael Mayoral.

El tribunal explica que la investigación “ha constatado” que se hizo esa petición, así como que Podemos “transfirió 30.000 euros mediante tres transferencias” y que “parte de las personas que forman parte de dicha asociación (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua) son miembros del partido político Podemos, algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido”.

Financiación de partidos

“Así las cosas”, concluyen los magistrados, “es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 y de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos 8/2007, para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”.

A la necesidad de seguir investigando se suma, según el auto de la Audiencia Provincial, que hasta la fecha “Podemos no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros”, pese a la solicitud en ese sentido del juez instructor.

La resolución, que estima los recursos de las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y de Vox, indica que aún deben acordarse diligencias para “conocer el destino de esas cantidades”, así como detalles sobre quién autorizó la salida de fondos “y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores”.

La investigación sobre la Caja de Solidaridad es una de las ramas que se abrieron en la causa instruida por el juzgado 42 de Madrid en torno a las cuentas de Podemos a raíz de la denuncia de Calvente. Desde el pasado verano el juez Juan José Escalonilla ha cerrado varias de esas vías, entre ellas la ahora reabierta.

Cuatro investigaciones en marcha

Con la decisión conocida este martes, el juez tiene sobre la mesa cuatro investigaciones en marcha. La principal es el destino real de los fondos que Podemos transfirió a la consultora chavista Neurona para supuestos trabajos electorales. Derivado de esto, el juez también se ha centrado en los 26.200 euros que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero recibió de Neurona. El magistrados considera que se trató una comisión por conseguir el contrato, enmascarada en una factura por trabajos de consultoría que podría ser falsa.

Una tercera vía se centra en el posible cobro de sobresueldos por parte de algunos dirigentes, una materia sobre la que el juez ha vuelto a pedir explicaciones a Podemos. Finalmente, la cuarta vía de investigación es la de la Caja de Solidaridad que la Audiencia acaba de reactivar.

El pasado mes de octubre el juez acordó archivar esta última rama de la causa afirmando que no existía “ningún indicio” de que la asociación #404 Comunicación Popular “no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”.

Añadía el juez que “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”.

En sentido contrario, la Sección 30 de la Audiencia Provincial, que revisa las decisiones del juez instructor en esta causa, coincide con las acusaciones en que resulta “prematuro” el archivo y que es necesaria más información sobre el movimiento del dinero, su destino real y sus beneficiarios.

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